Stop Expolio de los Bienes Comunales

Documental por nuestras tierras

A punto del expolio y liquidación del mundo rural y de su patrimonio público

A punto del expolio y liquidación del mundo rural y de su patrimonio público

La voladura de la autonomía municipal y de las juntas vecinales o concejos, o el expolio

de sus bienes públicos se han puesto en marcha de manera casi desapercibida a partir de

una concepción neoliberal del territorio.

Queda un mes de plazo para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. De lo

contrario podrán ser disueltas y su bienes y competencias traspasadas a los

ayuntamiento inmediatos y diputaciones.

En el Manifiesto de Cuéllar en defensa de los pueblos pequeños se pone de relieve el

total rechazo y la honda preocupación “ante la reforma local impuesta y ante el expolio

de los recursos rurales en beneficio de especuladores y saqueadores”.

Valentín Cabero. Catedrático jubilado Universidad de Salamanca

01/12/2014

La Reforma Local aprobada a finales del año 2013 sigue haciendo su labor de zapa. Los

que ahora se encuentran en entredicho por sus tropelías y corrupciones, pronto se

beneficiarán –los hados y el pueblo no lo quieran- “de la racionalización y nueva

eficiencia de la administración local”, presidida por los municipios superiores a los

20.000 habitantes o por las diputaciones provinciales, que asumirán en medio de su

descrédito general buena parte de los servicios públicos correspondientes a los

municipios rurales. La voladura de la autonomía municipal y de las juntas vecinales o

concejos, o el expolio de sus bienes públicos se han puesto en marcha de manera casi

desapercibida a partir de una concepción neoliberal del territorio basada en las

economías de escala y en la centralización urbana.

Los pequeños municipios y juntas vecinales que han levantado sus voces frente a la

iniquidad de la ley apenas han logrado traspasar el silencio y la soledad de su entorno.

Los ciudadanos y campesinos siguen anestesiados por su propia situación, por la

propaganda oficial, o pendientes los más “espabilados y afortunados” de los repartos de

la PAC. “Los agricultores de sofá” ya controlan buena parte del pastel. Lo público y lo

común no están lamentablemente entre sus preocupaciones inmediatas. Lo que debería

ser una verdadera rebelión ante la pérdida de derechos y servicios públicos esenciales y

fundamentales se está quedando en una reivindicación fragmentaria y ahogada por la

maquinaria burocrática o por la complicidad, no sé si interesada o cobarde, de muchos

alcaldes y concejales obedientes. Aunque es cierto que se ha presentado recurso de

inconstitucionalidad de la ley por parte de unos 3000 municipios, hasta el mundo rural

no ha llegado con el empuje necesario la voz de la rebeldía, de la indignación o del

hartazgo por la nefasta gestión de sus bienes, por la desaparición de servicios

estratégicos o por la apropiación de sus derechos democráticos.

Ciertamente, la retirada y abolición de competencias propias, cuestionadas e impropias,

previstas en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, dejará

a un gran número de municipios rurales sin servicios básicos y sociales, abocándolos a

la exclusión y marginación territorial. Todo un canto a la retórica de la cohesión, pues

serán las juntas vecinales y los ayuntamientos los que, ¡vaya ironía!, transfieran sus

riquezas e ingresos a las insostenibles diputaciones provinciales, en las que secentralizará la gestión privatizada, los consorcios y la política administrativa y

territorial. ¿Dónde quedan las unidades comarcales y la apuesta inteligente por el

desarrollo rural y el equilibrio territorial en la Comunidad de Castilla y León? De nuevo

en el discurso cínico y en el desprecio al que nos tienen acostumbrados desde el

mausoleo de las Cortes de Castilla y León el Gobierno regional de Juan Vicente

Herrera; aparentemente Valladolid y Madrid como símbolos del poder político y

administrativo siguen alejadas del mundo rural; no es así, sus oligarquías económicas y

financieras ya han tomado posiciones en el reparto del patrimonio común.

Queda un mes de plazo para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. De lo

contrario podrán ser disueltas y su bienes y competencias traspasadas a los

ayuntamiento inmediatos y diputaciones. El 31 de diciembre acaba el plazo según la

Ley. En el Congreso de los Diputados se han elevado peticiones para prolongar los

plazos. Y en el Senado, con demasiado retraso, acaban de constituir una Comisión que

se enfrenta a los problemas de gestión y despoblación de nuestras montañas. Aunque se

ha realizado un gran esfuerzo en la presentación de los requisitos contables en los

Consejos y Tribunales de Cuentas y ante el Ministerio de Hacienda, son muchas las

pedanías, cerca del 20 % en alguna de nuestras provincias, que siguen pendientes de

presentar en tiempo y forma sus cuentas. Muchas de ellas con amplios y extensos

recursos naturales y culturales. En el reciente Manifiesto de Cuéllar en defensa de los

pueblos pequeños se pone de relieve el total rechazo y la honda preocupación “ante la

reforma local impuesta y ante el expolio de los recursos rurales en beneficio de

especuladores y saqueadores”.

Algunos alcaldes, presidentes de diputación, consorcios en ciernes, defensores de la

desamortización, malandrines tecnocráticos, oligarcas y hacendados, y toda una laya

política y urbana se aprestan en medio de esta desolación a repartirse las ingentes

plusvalías acumuladas durante siglos en nuestros pueblos y aldeas. ¿Cómo parar y

detener tantos desmanes? Al menos, en las próximas elecciones municipales y generales

necesitamos alcaldes y representantes públicos verdaderamente comprometidos con el

medio rural, con la autonomía municipal o comarcal, con sus gentes y con sus bienes

públicos. La utopía de un mundo rural vivo es parte de nuestro futuro.

Leer más:

Otro Artículo: http://xochipilli.wordpress.com/2013/11/24/stop-al-expolio-de-los-bienes-comunales-con-documental/

Coordinadora • 8 diciembre, 2014


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