A punto del expolio y liquidación del mundo rural y de su patrimonio público
A punto del expolio y liquidación del mundo rural y de su patrimonio público
La voladura de la autonomía municipal y de las juntas vecinales o concejos, o el expolio
de sus bienes públicos se han puesto en marcha de manera casi desapercibida a partir de
una concepción neoliberal del territorio.
Queda un mes de plazo para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. De lo
contrario podrán ser disueltas y su bienes y competencias traspasadas a los
ayuntamiento inmediatos y diputaciones.
En el Manifiesto de Cuéllar en defensa de los pueblos pequeños se pone de relieve el
total rechazo y la honda preocupación “ante la reforma local impuesta y ante el expolio
de los recursos rurales en beneficio de especuladores y saqueadores”.
Valentín Cabero. Catedrático jubilado Universidad de Salamanca
01/12/2014
La Reforma Local aprobada a finales del año 2013 sigue haciendo su labor de zapa. Los
que ahora se encuentran en entredicho por sus tropelías y corrupciones, pronto se
beneficiarán –los hados y el pueblo no lo quieran- “de la racionalización y nueva
eficiencia de la administración local”, presidida por los municipios superiores a los
20.000 habitantes o por las diputaciones provinciales, que asumirán en medio de su
descrédito general buena parte de los servicios públicos correspondientes a los
municipios rurales. La voladura de la autonomía municipal y de las juntas vecinales o
concejos, o el expolio de sus bienes públicos se han puesto en marcha de manera casi
desapercibida a partir de una concepción neoliberal del territorio basada en las
economías de escala y en la centralización urbana.
Los pequeños municipios y juntas vecinales que han levantado sus voces frente a la
iniquidad de la ley apenas han logrado traspasar el silencio y la soledad de su entorno.
Los ciudadanos y campesinos siguen anestesiados por su propia situación, por la
propaganda oficial, o pendientes los más “espabilados y afortunados” de los repartos de
la PAC. “Los agricultores de sofá” ya controlan buena parte del pastel. Lo público y lo
común no están lamentablemente entre sus preocupaciones inmediatas. Lo que debería
ser una verdadera rebelión ante la pérdida de derechos y servicios públicos esenciales y
fundamentales se está quedando en una reivindicación fragmentaria y ahogada por la
maquinaria burocrática o por la complicidad, no sé si interesada o cobarde, de muchos
alcaldes y concejales obedientes. Aunque es cierto que se ha presentado recurso de
inconstitucionalidad de la ley por parte de unos 3000 municipios, hasta el mundo rural
no ha llegado con el empuje necesario la voz de la rebeldía, de la indignación o del
hartazgo por la nefasta gestión de sus bienes, por la desaparición de servicios
estratégicos o por la apropiación de sus derechos democráticos.
Ciertamente, la retirada y abolición de competencias propias, cuestionadas e impropias,
previstas en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, dejará
a un gran número de municipios rurales sin servicios básicos y sociales, abocándolos a
la exclusión y marginación territorial. Todo un canto a la retórica de la cohesión, pues
serán las juntas vecinales y los ayuntamientos los que, ¡vaya ironía!, transfieran sus
riquezas e ingresos a las insostenibles diputaciones provinciales, en las que secentralizará la gestión privatizada, los consorcios y la política administrativa y
territorial. ¿Dónde quedan las unidades comarcales y la apuesta inteligente por el
desarrollo rural y el equilibrio territorial en la Comunidad de Castilla y León? De nuevo
en el discurso cínico y en el desprecio al que nos tienen acostumbrados desde el
mausoleo de las Cortes de Castilla y León el Gobierno regional de Juan Vicente
Herrera; aparentemente Valladolid y Madrid como símbolos del poder político y
administrativo siguen alejadas del mundo rural; no es así, sus oligarquías económicas y
financieras ya han tomado posiciones en el reparto del patrimonio común.
Queda un mes de plazo para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. De lo
contrario podrán ser disueltas y su bienes y competencias traspasadas a los
ayuntamiento inmediatos y diputaciones. El 31 de diciembre acaba el plazo según la
Ley. En el Congreso de los Diputados se han elevado peticiones para prolongar los
plazos. Y en el Senado, con demasiado retraso, acaban de constituir una Comisión que
se enfrenta a los problemas de gestión y despoblación de nuestras montañas. Aunque se
ha realizado un gran esfuerzo en la presentación de los requisitos contables en los
Consejos y Tribunales de Cuentas y ante el Ministerio de Hacienda, son muchas las
pedanías, cerca del 20 % en alguna de nuestras provincias, que siguen pendientes de
presentar en tiempo y forma sus cuentas. Muchas de ellas con amplios y extensos
recursos naturales y culturales. En el reciente Manifiesto de Cuéllar en defensa de los
pueblos pequeños se pone de relieve el total rechazo y la honda preocupación “ante la
reforma local impuesta y ante el expolio de los recursos rurales en beneficio de
especuladores y saqueadores”.
Algunos alcaldes, presidentes de diputación, consorcios en ciernes, defensores de la
desamortización, malandrines tecnocráticos, oligarcas y hacendados, y toda una laya
política y urbana se aprestan en medio de esta desolación a repartirse las ingentes
plusvalías acumuladas durante siglos en nuestros pueblos y aldeas. ¿Cómo parar y
detener tantos desmanes? Al menos, en las próximas elecciones municipales y generales
necesitamos alcaldes y representantes públicos verdaderamente comprometidos con el
medio rural, con la autonomía municipal o comarcal, con sus gentes y con sus bienes
públicos. La utopía de un mundo rural vivo es parte de nuestro futuro.
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Otro Artículo: http://xochipilli.wordpress.com/2013/11/24/stop-al-expolio-de-los-bienes-comunales-con-documental/
